El Blog de Mendoza Pottellá

ANALISIS CRITICO DE LA POLITICA PETROLERA VENEZOLANA

2011-09-30T10:09:00.000-04:30

Publicación de la

Editorial Académica Española

"De las concesiones a los contratos. Visión retrospectiva de la política petrolera venezolana" fue el título del trabajo presentado en 1986 para ascender en el escalafón docente en la Escuela de Economía de la UCV. Ese título alude a conceptos específicos de la realidad petrolera venezolana de ese tiempo. En esta reedición de la Editorial Académica Española, el título explica en modo más contemporáneo el contenido de la obra.

En tanto que reedición sin aclaratorias, es también manifestación de voluntad de refrendar en todas sus partes los análisis y conclusiones establecidas hace 25 años. Aunque aparecen por primera vez en su integridad original, estos planteamientos han constituido el fundamento a partir del cual he desarrollado mis trabajos posteriores, reproducidos parcialmente en este blog y cuyas carátulas aparecen en el margen derecho de la página.

CMP 30 deseptiembre de 2011

La Economía Política del Petróleo en Venezuela

2011-09-25T13:23:00.000-04:30

Carlos Mendoza Potellá

La renta petrolera:

Génesis y fundamento de la formación social venezolana en el Siglo XX:

La categoría renta de la tierra, cuya conceptualización, en la versión marxista, es la misma que la de los beneficios e intereses: plusvalía creada por el trabajo, de la cual se apropia, en este caso, el propietario de la tierra, tiene una expresión particular, pero de su misma naturaleza, en la renta petrolera.

Apelemos a la reseña y cita que hace nuestro ilustre colega, el doctor Bernardo Ferrán sobre la visión marxista:

En lo que concierne a la renta de la tierra, Marx distingue diferentes tipos. Y la renta de las minas se ajusta a las mismas leyes de la renta diferencial agrícola. De hecho, la renta diferencial se presenta en todas partes. “Donde quiera que las fuerzas naturales son monopolizadas y aseguran al industrial que las emplea, una ganancia excedente, ya se trate de un salto de agua, de una mina rica, de aguas abundantes en pesca o de solares bien situados, nos encontraremos que la persona que por su título sobre una porción del planeta puede alegar un derecho de propiedad sobre estos objetos naturales, se apropia de esta ganancia excedente y se la sustrae al capital activo en forma de renta”.[1]

Las condiciones de monopolio universal establecido desde finales del Siglo XIX por las corporaciones norteamericanas e inglesas y su afianzamiento a partir de los años 20 del Siglo XX crearon un inmenso mecanismo planetario de apropiación de la renta generada por los hidrocarburos en perjuicio de los países bajo cuyo subsuelo se encontraba esa riqueza que se liquidaba.

En una obra dedicada específicamente a esta categoría, Jean Pierre Angelier, define así a la renta petrolera.

… la renta petrolera, en sí misma, está constituida por plusvalía originada en esferas de producción distintas de la industria petrolera y realizada en la venta de los productos petroleros.

…

Pero la renta petrolera no está únicamente constituida por la ganancia extraordinaria del capital petrolero. También incluye el ingreso de los agentes no productores que participan en la actividad petrolera: los Estados petroleros y los Estados consumidores … [quienes] … pueden beneficiarse con dichos ingresos gracias al poder monopólico que detentan, ya sea en el nivel de la propiedad de los yacimientos, o en el mercado de los productos refinados. [2]

Aunque la calificación de “agentes no productores” aplicada a los “Estados productores” no se corresponde con la realidad contemporánea, cuando esos Estados han asumido directamente la gestión de sus industrias, es evidente que el reparto de la renta petrolera es la base del modo de articulación existente entre los agentes económicos, nacionales e internacionales en conflicto, dentro y fuera de la industria petrolera venezolana.

Abordamos el análisis de ese conflicto partiendo de las definiciones de lo que consideramos como forma y contenido en la lucha por la apropiación de la renta petrolera, en la evolución de las relaciones entre el Estado y las distintas clases sociales venezolanas con las compañías petroleras internacionales, materializada esa evolución en la dinámica de la economía y política petrolera venezolana desde principios del Siglo XX hasta el presente.

Definimos como forma, a los instrumentos jurídicos, contractuales y reglamentarios con arreglo a los cuales se otorgaban y recibían las concesiones hasta 1976, y aquéllos que posteriormente, y hasta 1999, determinaron el funcionamiento de la cúpula gerencial de la industria petrolera venezolana como una ‘compañía anónima’ que podía pactar convenios de asistencia técnica y comercialización, asociaciones estratégicas, convenios operativos y otras formas de asociación, a espaldas de los poderes públicos, atribuciones que la convirtieron en una entidad para-estatal, semiautónoma. Desde el último año mencionado, y partiendo del establecimiento de una nueva Constitución Nacional, está surgiendo, y se sigue conformando todos los días, una nueva forma, que también corresponde al nuevo contenido de la política petrolera en la última década.

Por otra parte, entendemos como contenido, esencia real del movimiento que analizamos, a la resultante del conjunto de factores de poder e intereses que ejercen sus fuerzas en uno u otro sentido en cada oportunidad y determinan el verdadero carácter de las relaciones Estado – capital petrolero internacional, a sus resultados en términos de usufructo de beneficios y de control de las decisiones en la industria petrolera; determinación que se ha impuso siempre, durante todo el siglo pasado, independientemente del cascarón legal correspondiente, bajo su cobertura si es posible, retorciéndolo convenientemente en otras oportunidades o, en último caso, ignorándolo, a favor de ese capital

Y es que el contenido de esas relaciones en ese lapso no ha sido otra cosa que una forma particular de expresión de las múltiples contradicciones que se generan dentro del capitalismo, entre los diferentes factores de poder e intereses políticos y económicos: entre Estados centrales y periféricos (en la nomenclatura de nuestros teóricos del subdesarrollo en los años 60), entre el capital industrial y el financiero a nivel global, entre los Estados en general y las grandes corporaciones (antes simplemente internacionales, ahora transnacionales).

Aunque no creemos que sea posible reducir la complejidad de estas realidades a esquemas estáticos, para fines expositivos utilizamos la nomenclatura propuesta por Petter Nore y Terisa Turner en la introducción de su recopilación “Oil and Class Struggle” (1981), donde identifican cinco dimensiones, cinco formas de manifestarse las contradicciones en la industria petrolera a nivel mundial. Su esquema de “dimensiones de la lucha de clases en la industria petrolera” nos permite precisar el campo en el que ubicamos nuestro análisis.

La primera de estas dimensiones es la del “antagonismo existente entre las burguesías nacionales e internacionales, representadas respectivamente por los Estados-Nación y las compañías petroleras”

Nuestro análisis se va a centrar en esta dimensión y las referencias a las otras cuatro se harán siempre en función de su incidencia en este ámbito particular, pero es indispensable mencionarlas y asumir su existencia como parte indisoluble de la compleja realidad que estudiamos. En el orden expuesto por los mencionados autores, esas otras dimensiones serían:

· Las contradicciones en el propio seno de la industria entre el capital y los trabajadores petroleros.

· Las contradicciones entre clases y fracciones por el control del poder estatal en el seno de los países productores.

· La lucha entre clases explotadas y explotadoras, tanto en estos mismos países como a nivel internacional.

· El antagonismo entre fracciones de la propia burguesía internacional basada en los principales países industriales.

Estas cinco dimensiones agregan un sentido más preciso a la múltiple determinación de los factores que inciden en la evolución de la industria petrolera, nacional e internacionalmente. Pero es indispensable aclarar, por nuestra parte, que al ubicarnos en la dimensión que hace referencia al antagonismo entre el Estado y el capital petrolero internacional no asumimos la identificación del Estado-Nación con la burguesía nacional que se desprende de la formulación citada y que a nuestro entender peca por excesivo esquematismo, simplificador de una realidad mucho más compleja, en todos los casos y en particular en el venezolano.

En este sentido, compartimos las formulaciones que sobre esa complejidad hiciera el investigador mexicano Marcos Kaplan, que ejemplificamos con una sintética referencia:

La llamada infraestructura, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, son base y marco de lo que ocurre en los otros niveles y aspectos de la sociedad; en la política, el Estado y el derecho; en la organización y funcionamiento del sistema global y de su evolución histórica; ejerce sobre unos y otros condicionamientos y determinaciones; contribuye a engendrarlos, como sus productos que no pueden desarrollarse sino dentro de los límites fijados por los caracteres y tendencias de lo infraestructural. Ello no ocurre sin embargo de manera automática, mecánica, inmediata, sino, en última instancia, en grandes líneas y alargo plazo.[3]

En nuestro país el control del Estado no ha sido detentado exclusivamente por la burguesía y en los años iniciales de su historia petrolera ni siquiera existía una clase que mereciera tal denominación.

El proceso de conformación de una burguesía nacional y su lucha por participar y hegemonizar el control del Estado en Venezuela es coetáneo con la implantación de la industria petrolera como generadora fundamental de los ingresos externos del país.

En muchas oportunidades la política petrolera viene a ser, también, reflejo de esa pugna por el control del Estado nacional entre clases y sectores de clases y a ella haremos referencia en el transcurso de nuestra exposición.

Es pertinente señalar que nuestro enfoque parte de la concepción global que sustentamos sobre el contexto socio-económico contemporáneo y la situación de Venezuela dentro del mismo como país capitalista subdesarrollado, petrolero-dependiente, caracterización sobre la cual hay discusiones y matices desarrollados por varios autores, pero en torno a los cuales no vamos a insistir.

En particular, compartimos la formulación del Profesor Francisco Mieres, quien postuló una interpretación de la estructura del sistema capitalista mundial, considerándolo

1) Como conjunto de Naciones-Estado o formaciones económico-sociales nacionales en las que el modo de producción capitalista es dominante, organizado como ente bipolar con un centro dominante y una periferia subdesarrollada.

2) Como formación económico-social única mundializada, transnacional, compleja y heterogénea, donde el modo capitalista domina sobre otras formas económicas secundarias. El proceso mundial de acumulación, concentración y centralización de capital, eje dinámico, condujo a la cúpula de la dominación y explotación, primero, a los monopolios internacionales. [4]

En lugar de relaciones entre naciones, tenemos aquí relaciones entre clases sociales y grupos económicos, a nivel trans-nacional, más allá de los intereses nacionales de sus respectivas clases enfrentadas internamente.

Estas características del sistema capitalista mundial se han acentuado, como se sabe, con los procesos de globalización y la preeminencia del capital financiero y ficticio, sobre el capital industrial.

De las concesiones a la “apertura petrolera”, evolución e involución de la política petrolera venezolana.

La expresión concreta de la política petrolera venezolana en el Siglo XX tuvo un ilustre fundamento histórico, anterior al uso de los hidrocarburos como combustibles masivos: el decreto emitido por el Libertador Simón Bolívar, como Presidente de Colombia desde Guayaquil, provincia de Quito, en 1828, donde se establece que los derechos soberanos de la corona española sobre el subsuelo y las minas de cualquier clase, pasarían desde ese momento a ser derechos de la República Colombiana. A pesar de intentos en contrario que no es del caso relatar aquí, desde 1830, al producirse la disolución del proyecto colombiano, esos derechos soberanos pasan a ser, en su territorio, potestad de la República de Venezuela.

De tal suerte que “Concesiones” y “Regalías”, fueron figuras legales preexistentes a los primeros hallazgos de hidrocarburos en nuestro suelo, en 1866 y 1878. El régimen concesionario tuvo su infancia, desarrollo y declinación desde entonces y hasta 1976.

Las incidencias de esa historia han sido expuestas por ilustres cronistas y protagonistas, como Salvador de la Plaza, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Manuel Egaña, Rómulo Betancourt, Rubén Sader Pérez, Pedro Esteban Mejías, Edwin Lieuwen, Francisco Mieres y Gastón Parra Luzardo, para citar sólo algunos ya fallecidos. Nosotros nos limitaremos a señalar el proceso general de evolución de la lucha por el reparto de la renta petrolera en esas décadas, fundamentalmente desde 1920 y hasta 1976.

Una caracterización aparte merecen, tanto el régimen que imperó en la industria petrolera venezolana a partir de este último año y hasta 1999, así como las radicales transformaciones que desde entonces y hasta el presente han conducido al rescate de una justa participación nacional en el reparto de los beneficios de la liquidación de nuestro principal patrimonio natural no renovable.

Señalamos especialmente a 1920, como el año en el que se formuló por primera vez una Ley de Hidrocarburos, donde se regularon de manera completa y detallada todos los aspectos de la industria y quedó plasmada, por muy poco tiempo y para la historia, una posición nacionalista, que correspondía a los intereses de las clases que se disputaban el control del Estado venezolano en ese momento: la de los grandes propietarios latifundistas que todavía establecían relaciones de producción semifeudales en el campo venezolano y la de la incipiente burguesía nacional, que aparecía al calor del aprovechamiento de la escuálida participación del Estado venezolano en la renta generada por la explotación petrolera.

Es precisamente la voluntad de aumentar esta participación la que queda reflejada en esta Ley, muerta al nacer, pero que prefiguró la estructura que tendrían todas las que le siguieron, hasta 1943 y más allá, con las sucesivas modificaciones de esta última.

En 1976, la “nacionalización petrolera” fue la conclusión, entre otros desarrollos, de un largo y conflictivo proceso de agotamiento del patrón normativo formal de las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías extranjeras concesionarias; es decir, del conjunto de estructuras legales y reglamentarias en el marco del cual se desarrollan esas relaciones.

Ese agotamiento se venía haciendo crítico en la medida en que nos acercábamos a 1983, año en el cual, por virtud de la Ley de 1943 se iniciaría el vencimiento y por ende la reversión de las concesiones de hidrocarburos, sin que para esa fecha estuviera prevista entonces una alternativa clara para el ulterior desarrollo de la industria petrolera bajo control transnacional, cercada por la norma que Juan Pablo Pérez Alfonzo logró insertar en la Constitución de 1961, la cual establecía el no otorgamiento de nuevas concesiones y el voluntario enanismo en el que fue mantenida la Corporación Venezolana del Petróleo durante sus quince años de existencia.

Tal dilema tenía soluciones divergentes perfectamente identificables: Una, "subversiva" a los ojos del status y lesiva de las reglas del juego impuestas por la "buena vecindad", era la preparación del país para asumir plenamente el control de su industria. Esta opción, defendida por los sectores de avanzada del país, en especial por verdaderos profetas en el desierto de la talla de Salvador de la Plaza, fue delineada en términos de posibilidad realizable incluso para gobiernos no necesariamente revolucionarios por Juan Pablo Pérez Alfonzo, al postular, dentro de su "Pentágono Petrolero", junto al principio de “no mas concesiones”, la creación y desarrollo de la CVP.

Pero esa posibilidad fue eludida, ignorada e incluso desnaturalizada con la negociación de unos Contratos de Servicios que, como lo demostraran en su oportunidad diversos analistas, no eran otra cosa que concesiones disfrazadas para burlar el principio constitucional que prohibía nuevos otorgamientos de las mismas.

La segunda de las opciones a que nos referimos es, desde luego, la propiciada por las compañías y sus voceros en FEDECAMARAS, quienes consideraban que el principio de "no más concesiones había colocado a la industria petrolera en un curso de declinación"

Los esfuerzos de este sector se van a encaminar a la búsqueda de una alternativa cónsona con la preservación de su participación privilegiada en el negocio. Una nueva fórmula de asociación dependiente con el capital transnacional que incorporara algún maquillaje renovador era la solución más "saludable", si se miraba con los ojos geopolíticos de sus proponentes criollos.

Los Contratos de Servicio se van a convertir en el primer ensayo de esa fórmula alternativa y preservadora de la buena salud del negocio. El largo debate en torno a estos contratos y su ulterior frustración vienen a constituir una expresión de la confrontación entre las dos opciones mencionadas; confrontación alrededor de la cual gira la política petrolera en todo el Siglo XX: con marchas y contramarchas, pero con el predomino a la larga de los sostenedores de la asociación incondicional con el capital petrolero internacional.

La puesta en escena definitiva se produjo en 1976, año en el cual la “nacionalización”, evento culminante de esa política petrolera, plasmó, en realidad, el estado de las fuerzas de estas dos posiciones y, no siendo una excepción de la tendencia secular, también en esta oportunidad triunfó el partido de la asociación transnacional.

De una manera tal que, al cabo de un forcejeo trascorrales, la nacionalización viene a ser convertida en su opuesto: un pacto laboriosamente trabajado que propiciará el mantenimiento y la ampliación, en extensión e intensidad, del control transnacional sobre el petróleo venezolano.

El instrumento fundamental para la obtención de tan paradójico resultado de una nacionalización fue el bloque de convenios firmados tras bastidores mientras se discutían públicamente los términos de la "Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos". Con lo que, en suma, la nacionalización resulta ser fruto de un nuevo paquete Ley-Convenios al estilo del pacto entre el gobierno de Isaías Medina y las compañías norteamericanas e inglesas que institucionalizó en 1943 el régimen concesionario.

En otras palabras, con el fin de la era concesionaria no pasamos a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez un cierto "aggiornamento", una puesta a tono con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario. [5]

Esta nueva forma de existencia de la relación dependiente se funda inicialmente en un también nuevo tipo de contrato, distinto formalmente del contrato concesionario, pero que obtiene con más eficiencia los mismos resultados: Los Convenios de Asistencia Técnica y Gerencial y los contratos de compraventa de petróleo y productos para su comercialización internacional. Las condiciones que quedan establecidas en todo contrato siempre están determinadas por el poder negociador de cada una de las partes y, evaluando los resultados reales de este nuevo sistema, podemos afirmar que las corporaciones petroleras transnacionales y sus asociados nativos impusieron sus condiciones a los gobernantes y principales gestores de la política petrolera venezolana.

Ello se hizo evidente y se acentuó durante los siguientes 25 años en los cuales prevaleció el poder para-estatal de los gerentes públicos de cultura y mentalidad transnacional que quedaron como herencia de las antiguas concesionarias en la operadoras “nacionalizadas” que le sucedieron y en su nueva “casa matriz”, PDVSA.

La política de “apertura petrolera” fue la cumbre de esta involución, cuyas principales características resumimos:

El desmantelamiento de las capacidades técnicas y políticas del Ministerio de Energía y Minas como ente fiscalizador y garante de la adecuada operación y mantenimiento de los yacimientos petrolíferos, su colonización por PDVSA y su conversión en un cascarón vacío.

El envilecimiento de todo el régimen fiscal aplicable a los hidrocarburos, con la eliminación de la figura del Valor Fiscal de Exportación, con la cual se maximizaba el Impuesto Sobre la Renta, la reducción de este rubro impositivo de 67,9 a 34 por ciento. La casi extinción de la Regalía en los convenios operativos y asociaciones estratégicas al llevar de 16,6 por ciento a menos de un 1%. Veamos sus resultados en la evolución de la alta correlación inversa de costos y participación fiscal total, desde 1976 hasta 1999, año en cual, a duras penas, ha comenzado a revertirse esa tendencia:

Añádase a todo esto la evasión fiscal a través de emprendimientos ruinosos en el exterior, con la compra de 17 refinerías en proceso de liquidación que se convirtieron, desde 1989 en receptoras de “exportación de beneficios” que retornaban convertidos en costos, al punto de que todavía en nuestros días, la compra de crudo y productos no venezolanos por estas cafeteras constituye el mayor rubro de los costos operativos totales de PDVSA, casi del 53% de los mismos. Justamente, el salto que presenta el gráfico anterior en los costos operativos de 1989, se corresponde con el registrado ese mismo año en las compras ya referidas que se reproducen en el siguiente gráfico.

En este contexto, llevando a la industria petrolera venezolana a condiciones de mínima capacidad generadora de excedentes, es que se produce la campaña de la meritocracia petrolera para lograr la privatización de PDVSA, no ya por la vía indirecta, en curso entonces, del outsourcing o tercerización, las asociaciones estratégicas, los contratos operativos de ganancias compartidas, la internacionalización, etc., sino directamente, por la venta directa de un 15% del capital accionario de PDVSA o el reparto de la totalidad de ese capital entre los venezolanos mayores de 18 años, como rezaba la más antipática de las propuestas privatizadoras.

Las políticas aperturistas, privatizadoras y, en suma, desnacionalizadotas, fueron conducidas con plena conciencia de sus implicaciones: la minimización de la renta petrolera percibida por el Estado, en beneficio de sus contrapartes transnacionales y del capital privado nativo asociado a esas corporaciones. Peor aún, fueron diseñadas con ese bien definido propósito.

En efecto, esa política fue sustentada en formulaciones teóricas que planteaban la existencia de un modelo fracasado de gestión de la participación nacional en la administración de los ingresos petroleros, que conformaba una opción “rentista”, estatista y socializante, enfrentada a una política moderna, racional, cónsona con las exigencias de la globalización, que se resumía en un escenario “productor”. [6]

Según los autores de estos escenarios, planificadores mayores de PDVSA, “rentistas” eran las políticas que postulaban la defensa de la participación fiscal, porque intensificaban la ineficiencia estatista y las distorsiones estructurales del “capitalismo rentístico”, forma particular que asumió ese sistema en Venezuela.

Para eludir esos males, el “escenario productor”, postulado por estos planificadores y asumido entusiastamente por la cúpula antiestatal de PDVSA, sostenía que la opción racional de utilización reproductiva de los ingresos petroleros era la reinversión de la renta petrolera en la propia industria, multiplicando proyectos dentro y fuera del país, tales como los megaproyectos de la Faja del Orinoco y la compra de refinerías dilapidadas en el exterior. Proyectos inviables desde el punto de vista de la Nación, pero altamente rentables para los intereses complotados en el diseño y ejecución los mismos, quienes aportarían la capacidad gerencial del capital internacional en el manejo de esos recursos.

En otras palabras: sustraer la mayor cantidad posible de ingresos del alcance de la “garra fiscal” del Estado venezolano y dedicarlos a la siembra del petróleo en el petróleo. Para lograrlo eso y “estimular” la inversión extranjera que nos ayudaría al desarrollo de ese luminoso futuro “productor” era necesario hacer lo que hicieron en esos 25 años: desmantelar todo el sistema estatal de percepción de la renta.

Hacia la reafirmación de la soberanía nacional sobre sus recursos naturales y la integración latinoamericana.

El hundimiento de la Cuarta República, su consunción por putrefacción, tuvo mucho que ver con los resultados catastróficos de esta política antinacional.

El advenimiento, en 1999 de un gobierno revolucionario, que fundamenta su acción en una nueva Constitución y una política de rescate de la soberanía nacional sobre sus recursos de hidrocarburos ha cambiado radicalmente la situación.

Se detuvo el proceso de privatización adelantado en los 25 años anteriores y se reformularon las bases de la política petrolera con sentido nacional y solidario, enfocados hacia la promoción de la multipolaridad y la solidaridad sur-sur.

Se desactivaron los mecanismos entreguistas de desmoronamiento de la participación fiscal nacional, restituyendo las tasas de impuesto sobre la renta a sus niveles históricos previos a la debacle aperturista de los años 90 y se potenció la regalía, al sacarla de las vecindades del 1% y llevarla hasta un 30%. Se reactivó la política de defensa de los precios y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos de manera soberana en la OPEP.

El énfasis social que se le ha dado al proceso de asignación de los ingresos petroleros ha permitido revertir la tendencia prevaleciente hasta 1998, según la cual la participación nacional se minimizaba en beneficio de unos costos que, en esencia, constituían la abusiva participación de los sectores capitalistas internos e internacionales en el reparto de la renta petrolera.

Los proyectos de desarrollo de la industria petrolera venezolana en los sectores gasífero y de la Faja del Orinoco, que constituyen los escenarios del futuro de los hidrocarburos en nuestro país, se están adelantando con una voluntad de fortalecer nuestra soberanía afincados en el establecimiento de vínculos financieros y tecnológicos multilaterales y una visión de solidaridad continental, que privilegia nuestro entorno inmediato, caribeño y suramericano, sin excluir las posibilidades de asociación con empresas y gobiernos de otras latitudes.

Los proyectos de integración energética suramericana y caribeña que se han formulado con diverso nivel de concreción son expresión de la voluntad política de promoción y defensa de la soberanía nacional y regional en esa materia. Se trata de una voluntad de desarrollo integral, no rentístico que prefigura la inserción de Venezuela en el tejido económico y político regional y la construcción de una colectividad de naciones con presencia global. El Acuerdo Energético de Caracas, Petrocaribe, UNASUR, la ALBA, el sistema Sucre y más recientemente el apoyo al surgimiento de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe, ejemplifican esa disposición.

CMP/Febrero 2010

Tal vez esta sea una de las mas palmarias muestras de cómo se impuso la política “productora” frente al rentismo estatista. Una verdadera lección de economía política del petróleo y de los escondidos mecanismos mediante los cuales se producía el reparto de la renta petrolera en los tiempos de la apertura.

[1] Carlos Marx, El Capital, vol. II, p. 717, citado por Bernardo Ferrán, Los Precios del Petróleo, p. 286.

[2] Jean Pierre Angelier, La Renta Petrolera, Ed. Terra Nova, México, 1980., p. 14.

[3] Marcos Kaplan, Estado y Sociedad, 2ª. Ed. México, UNAM 1980. Citado en el trabajo del mismo autor “El Derecho y los Hidrocarburos en la Experiencia Internacional Contemporánea”. Versión PDF disponible en Internet.

[4] Francisco Mieres, La crisis actual del capitalismo. El impacto energético. Mimeografiado, CEAP, FACES, UCV. s.f. (aprox. 1973-76)

[5] C. Mendoza P. “La era de los contratos”, en De las concesiones a los contratos, visión retrospectiva de la política petrolera venezolana. Caracas 1983, inédito,

[6] PDVSA, Guías Corporativas 1993-1998, C. Mendoza P. La “verdad petrolera” frente a la realidad, en El Poder Petrolero y la Economía Venezolana, pp. 87-98. CDCH UCV, Caracas 1995.

Diario VEA 27 de junio de 2011

2011-07-06T16:41:00.000-04:30

CRÓNICA DE RAMÓN LOSADA ALDANA

Artículo en Revista BCV 2-2010

2011-06-09T15:18:00.000-04:30

La Economía Política del Petróleo en Venezuela

Carlos Mendoza Potellá

La renta petrolera: